LIMITES CONSTITUCIONALES APLICABLES A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DURANTE EL PROCESO DE FISCALIZACION VERSUS EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

El Estado, a través de la Constitución Polìtica de la República de Nicaragua(la Constitución, Cn.) y las leyes aplicables, ha asignado a la Dirección General de Ingresos(DGI) una serie de facultades entre las que se encuentran la de fiscalización, la cual estáencaminada a verificar que los contribuyentes están declarando y pagando sus impuestosde forma ìntegra y correcta.

En consecuencia, este procedimiento pretende investigar,controlar, y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de loscontribuyentes.Durante el procedimiento de fiscalización, la DGI actúa de conformidad con el CódigoTributario y sus reformas que le asigna en su artìculo 12 &«la facultad, obligación yresponsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria».

Lo anterior, con elfin de dar cumplimiento a lo establecido en los artìculos 112 y 113 Cn, relacionados conel Presupuesto General de la República.

No obstante lo anterior, cabe cuestionarse siesta facultad de fiscalización autoriza a dicha entidad a solicitar información que pudieseafectar el derecho a la privacidad del contribuyente, un derecho constitucionalestablecido en el artìculo 26. ¿Qué lìmites tiene la discrecionalidad que le otorga lalegislación vigente a la DGI? ¿Qué alternativas tiene el contribuyente para defender suderecho constitucional a la privacidad?En el presente artìculo se lleva a cabo un análisis de las facultades discrecionales que tienela DGI, asì como sus implicaciones en los derechos fundamentales de los contribuyentes.Como base para este artìculo hemos consultado leyes, reglamentos, publicacionescientìficas, sentencias, entre otros.